Los sindicatos que hoy comparecemos en esta rueda de prensa, reiteradamente hemos mostrado nuestro rechazo ante el modelo social y económico que nos están imponiendo.

El haber tomado esta posición ante la gestión que se viene haciendo de esta crisis tiene sus consecuencias, ya que tanto el poder político como el poder económico no perdonan la disidencia. Prueba de ello es la denuncia que realizamos en el día de hoy, sobre los hechos ocurridos en Gernika durante la Huelga General de el día 27 de enero de 2011.

Ese día la Ertzantza procedió a retener e identificar a un piquete informativo. A raíz de aquella actuación policial 18 personas han sido imputadas y se enfrentan a una petición fiscal de 3 años y 9 meses de cárcel y a una multa de 6.000 euros.

Estas situaciones no son nuevas y quienes nos movemos en el ámbito sindical estamos sufriendo durante los últimos años un proceso de criminalización continuo. Las distintas instituciones y el capital no se conforman ya con pisotear y recortar nuestros derechos a través de imposiciones, sino que además quieren paz social y para ello buscan la sumisión y la destrucción de cada persona.

No admiten contestación alguna a sus prácticas y dinámicas antidemocráticas y, por tanto, a quien decide no aceptar las reglas de juego que ellos dictan, le imponen un doble castigo:

• Por un lado, pisotean los derechos de todas las personas a través de normas colectivas decididas e impuestas por ellos mismos.

• Y por otro lado, a quien protesta contra la imposición le aplican un castigo individual, de carácter penal o económico, o ambas cosas a la vez.

Esta situación no es nueva y en los últimos años hemos padecido unas cuantas situaciones de este tipo. En primer lugar se busca el descrédito ante la opinión pública de quienes deciden confrontar por diferentes razones.

El complejo aparato de propaganda del sistema actúa en contra de cualquier reivindicación por muy justa que ésta sea; se ocultan las razones de fondo de las movilizaciones y protestas y nunca se analizan las razones que provocan la reacción de los y las trabajadoras, sino solo sus consecuencias. Todo ello responde al objetivo de deslegitimar, de aislar socialmente buscando la exclusión de quienes han decidido confrontar con este modelo que se nos quiere imponer.

En las convocatorias de huelga realizadas durante los últimos años en Hego Euskal Herria hemos advertido cómo se ha utilizado cualquier excusa para desvirtuar las razones de fondo de dichas convocatorias. Desde la utilización perversa de los Decretos de Servicios Mínimos, ocultando y tergiversando los motivos de la huelga, pasando por la criminalización de los piquetes informativos o las actuaciones de la policía en algunos momentos, todo ha respondido a ese fin.

Quienes se encuentran en el poder parecen olvidar que el ejercicio de la huelga es un derecho, al igual que lo son el derecho a un trabajo digno, a la sanidad, a la educación o a la vivienda, entre otros. Tal y como se ha señalado anteriormente, con el proceso judicial abierto en este caso, se persigue la criminalización de quienes reivindicamos un modelo económico y social alternativo.

Este hecho no es una mera casualidad. Buscan la desmotivación de la gente y con actuaciones de este tipo pretender desmovilizar a los sectores más comprometidos en las luchas.

Por todo esto, exigimos:

- Que se deje sin efecto el proceso judicial abierto en todas sus vertientes, tanto en lo que afecta a la petición penal como a la económica.

- A su vez, hacemos un llamamiento a participar en la concentración que, en solidaridad con las personas imputadas, se celebrará el próximo jueves, día 10 de enero, ante el Palacio de Justicia de Bilbao a las 9:00 horas.

En Euskal Herria a 8 de enero de 2013

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